Segur Ibérica dejó un agujero de 22,5 millones de euros a Hacienda y a 4.000 empleados en la calle

La empresa que fue a concurso de acreedores en 2016 y posteriormente liquidada dejó un agujero en la Agencia Tributaria y numerosos damnificados.

Segur Ibérica vuelve a estar en el foco informativo después de que un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla (Madrid) declare la investigación de nueve ex directivos de su cúpula cuando quebró -incluyendo el consejero delegado, el director de recursos humanos y otros altos cargos- por insolvencia punible, un delito que está penado con hasta tres años de prisión.

La empresa de seguridad privada dejó tras la quiebra numerosos damnificados, tanto en el ámbito público como en el privado.

Según la última lista actualizada de deudores a la Agencia Tributaria, Segur Ibérica SA debía al fisco con fecha del pasado miércoles, 30 de septiembre (última actualización de la AEAT) nada menos que 22.564.601,20 euros, una cantidad que por otra parte ha ido aumentando semestre a semestre debido a los intereses que sigue sin satisfacer. Por ejemplo, en junio de 2018 la deuda con Hacienda era de 21 millones de euros.

Los dos fondos propietarios de la compañía, Corpfin Capital y MCH Private Equity, entraron en Segur Iberica en 2011 pero posteriormente no colocaron equipos gestores capaces de sacar rentabilidad a un negocio difícil. En seguridad privada se cobra muchas veces con retraso (entre 30 y 90 días o muchas veces más) de los clientes, pero se tienen que satisfacer las nóminas y otros gastos mes a mes. Por ello, los problemas de tesorería en las compañías son una constante.

Segur Ibérica no es la única empresa de seguridad privada en la lista de morosos con Hacienda ni mucho menos. De hecho, con fecha de 2018 las empresas de seguridad privada debían a la Agencia Tributaria nada menos que 140 millones de euros, pues a Segur Ibérica se sumaban otros como Halcón, Ombuds o Seguridad Integral Canaria, que también corrieron la misma suerte que Segur Ibérica.

4.000 empleados

Pero además, el concurso de acreedores de Segur Ibérica dejó miles de empleados de seguridad privada damnificados. Se trataba de unos 4.000 empleados que operaban en las distinas contratas adquiridas por el Grupo Segur, algunas de relevancia como Metro de Madrid. Muchos de ellos encontraron acomodo en otras empresas del sector al subrogarse con otras compañías que se quedaron con los contratos más interesantes y rentables que tenía Segur Ibérica.

Si se sumaban más empresas que pertenecían al grupo, como EAS, Consorcio de Servicios y Segur Fuego, los empleos llegaban a 7.000. En el sector de la seguridad privada, cuando una empresa adquiere los servicios que está gestionando otra, es obligatorio por ley hacer la subrogación de los empleos, por lo que suele ocurrir que cuando una empresa acumula excesivos impagos a los trabajadores o a las administraciones en una determinada contrata, a ninguna otra le interesa quedarse con el servicio porque tendrían que asumir las deudas y no les sería rentable.

En el caso de Segur Ibérica así ocurrió: muchos servicios eran deficitarios y no encontraron comprador.