Indignación entre los vigilantes de seguridad por su exclusión del grupo prioritario de vacunación

 El colectivo de vigilantes seguridad ha mostrado su malestar con la decisión del Ministerio de Sanidad de no incluirlo en el grupo prioritario de vacunación frente a la covid-19, lo que interpretan como un «desprecio» por el servicio que vienen prestando desde que se inició la pandemia y un «agravio comparativo» con otros grupos profesionales a los que se ha reconocido esta preferencia.

Alternativa Sindical envió una carta a Sanidad el pasado 4 de febrero en la que exigía que se incluyera a la seguridad privada entre los colectivos prioritarios para la vacunación junto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, Protección Civil y personal docente -entre otros- debido a la «exposición» a la que están sometidos los vigilantes en el desempeño de sus funciones.

En su respuesta, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha reiterado este lunes que los colectivos con prioridad en esta primera fase son los detallados en el documento técnico ‘Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España’: residentes y empleados de centros de mayores, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, y grandes dependientes. A éstos han empezado a sumarse ya en numerosas comunidades autónomas los mayores de 80 años y militares, estando previsto que en breve empiecen a inmunizarse los policías nacionales y los guardias civiles.

«Esta Estrategia de vacunación es un documento vivo, que va adaptando la priorización de las vacunas según las dosis disponibles, según el contexto epidemiológico y teniendo en cuenta la importancia de proteger a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de padecer la enfermedad de forma grave o fallecer», razona la número dos de Sanidad.

Calzón expone que el hecho de que la disponibilidad de las dosis está siendo «gradual» obliga a determinar «paulatinamente» el orden de prioridad en su administración, al tiempo que recuerda que en el marco ético que se ha establecido prevalecen los principios de igualdad y dignidad de derechos, necesidad, equidad, protección a la discapacidad y al menor, beneficio social y reciprocidad. «Igualmente se han establecido cuatro criterios de riesgo: de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de transmisión en cada grupo de población», añade.

La secretaria de Estado asegura que «aprecia» los argumentos expuestos por Alternativa Sindical en su escrito y que el Ministerio de Sanidad tiene una «especial sensibilidad» hacia el trabajo que realizan los vigilantes de seguridad -«en muchos casos para colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», subraya- y agradece la labor desempeñada durante el último año.

«Más de 40» fallecidos

Las explicaciones no han satisfecho al sindicato, que interpreta la respuesta de Silvia Calzón como un «claro agravio». «El Ejecutivo central vuelve a obviar y despreciar, dejando latente su más absoluta indiferencia por un sector que es vital en la sociedad en la que vivimos para garantizar la seguridad de los ciudadanos en colaboración con la seguridad pública», critica.

En un comunicado, Alternativo Sindical asegura que no dudará en denunciar en los tribunales esta decisión, al tiempo que recuerda que hasta la fecha han muerto ya «más de 40 vigilantes de seguridad» tras contagiarse de coronavirus.

AENA pone en riesgo el mantenimiento del empleo de la seguridad privada en su red aeroportuaria

 Al concurso celebrado en recientes fechas donde se establecieron recortes de plantillas se une ahora un total desajuste en los procesos de formación  de los vigilantes impulsado por AENA

Fruto de la crisis sanitaria los aeropuertos en general han disminuido significativamente su actividad, situación que afecta en la actualidad a un número importante de vigilantes de seguridad privada y también de servicios auxiliares que se encuentran en situación de ERTE.

En forma paralela AENA a través de AESA ha modificado los criterios de evaluación de los vigilantes de seguridad en cuanto al mantenimiento de las certificaciones que deben ostentar para realizar sus funciones en los aeropuertos. Este cambio de criterios de evaluación son desconocidos por el personal de seguridad privada así como las imágenes reproducidas en simuladores no obedecen a un criterio suficientemente objetivo. Estos procesos en caso de no ser superados por el personal de seguridad los inhabilita para seguir realizando sus funciones en el ámbito aeroportuario.

En este sentido UGT ha trasladado tanto a empresas de seguridad del sector como a la propia AENA la necesidad de establecer criterios más objetivos en cuanto a los exámenes a realizar así como dotar a los vigilantes de seguridad de una mayor formación previa para con tiempo suficiente adaptarse a las nuevas pruebas realizadas por AESA que además deberá concretarlas en mayor grado.

UGT sigue apostando por una formación permanente para el personal de seguridad privada de forma generalizada pero en este caso concreto entiende que AENA no puede utilizar a través de AESA un cambio en la actualización de los exámenes bajo criterios que no queden suficientemente clarificados y a su vez poniendo en riesgo el puesto de trabajo de vigilantes que durante años han demostrado su eficacia en cuanto al mantenimiento de la seguridad en el conjunto de aeropuertos.

Un paciente agrede a un vigilante en un centro sanitario de Guadalajara

Un vigilante de seguridad ha denunciado la agresión que sufrió en el Centro de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara por parte de un paciente con problemas de salud mental que está ingresado en ese centro de salud, y ha advertido de las condiciones de precariedad en las que los profesionales de seguridad tienen que desarrollar su trabajo.

La persona agredida, que prefiere mantener el anonimato, ha explicado a Efe que la agresión se produjo el miércoles 17 de febrero sobre las 12.00 horas y que, como consecuencia de la misma, ha tenido visión borrosa en un ojo y ha estado varios días sin poder ir a trabajar.

Los hechos, que han sido denunciados ante la Policía Nacional tal y como han confirmado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, ocurrieron cuando "un paciente que no debería estar ahí", ya que se trata de un enfermo de psiquiatría, le agredió.

Esta persona ha calificado de "despropósito" las condiciones en las que los vigilantes de seguridad desempeñan su trabajo, pues ha denunciado que solo se queda una persona para hacer las tareas de vigilancia de todo el centro, sin compañeros, entre otras carencias de seguridad de medios materiales.

El vigilante agredido ha asegurado que, además de este episodio de violencia física, las amenazas verbales "son constantes" y ha lamentado que van dirigidas no solo hacia los vigilantes de seguridad, sino también hacia profesionales del ámbito sanitario.

Por ello, ha pedido que se dote al servicio de vigilancia de más medios materiales y humanos.

Mallorca precisa mujeres vigilantes de seguridad para cubrir todos sus servicios

La profesión de vigilante de seguridad se ha convertido en una salida laboral muy demandada, especialmente, para las mujeres.

«Hay enormes dificultades para poder afrontar la gran demanda de mujeres en el sector de la seguridad privada. Es cierto, que en los últimos años el número de mujeres ha ido aumentando, pero aún podemos decir que nos encontramos ante un mundillo de hombres», apunta Inés Ybarra, vicepresidenta de la Asociación de Vigilantes de Balears.

En el programa Ley y Orden, nuestra experta en seguridad privada, destacó el importante papel de las mujeres y la gran labor profesional que realizan. «En puertos, aeropuertos, centros comerciales, conciertos etc... todos sabemos que es obligatorio que los cacheos se realicen de forma separada. Por ese motivo, la demanda de mujeres es muy elevada», concluye.

Fallece en la UCI por Covid-19 un vigilante de seguridad de 51 años

Llevaba varias semanas en la UCI y estaba pendiente de que le realizaran la traqueotomía, pero su estado era "muy grave" y a primera hora de este miércoles se ha certificado su fallecimiento

Miércoles de luto en Ceuta, pues tras la trágica noticia de que durante la madrugada fallecía un matrimonio como consecuencia de un indendio, a primera hora de este miércoles se ha certificado el fallecimiento del vigilante de seguridad de 51 años que se encontraba ingresado en UCI desde hace algunos días, elevando a 77 las víctimas mortales por covid en la ciudad.

En Ceuta, la segunda ola es la que se mostró con mayor dureza, perdiendo la vida hasta 56 ceutíes, mientras que la primera ola dejó 4 fallecidos y esta tercera, de la que se ha conseguido doblegar la curva, 17 víctimas mortales. En total son 77 los ciudadanos que han perdido la vida como consecuencia de la Covid-19.

 

Haciendo un balance de los datos registrados en la ciudad, de los 77 fallecidos, 45 son hombres y 32 mujeres. Así, el mayor número de víctimas mortales se ha registrado en los mayores de 70 años, pues en total se ha sumado 58 fallecidos (33 hombres y 25 mujeres), lo que supone el 77% del total de víctimas mortales en ceuta

Desglosando los datos, fallecieron dos ceutíes mayores de 90 años (2,3%), otras 32 personas han perdido la vida con edades comprendidas entre los 80 y 90 años (43,4%), otras 24 personas más han fallecido los 70 y 80 años (32%), mientras que entre los 60 y 70 años fallecieron 15 personas (20%). Por debajo de los 60 años se produjeron tres fallecimiento (2,3%). Los dos hombres fallecidos tenían 51 años, uno de ellos el vigilante de seguridad fallecido este miércoles, mientras que la mujer es la que más conmoción generó en la ciudad al tratarse de una joven de 27 años, Samra.

En cuanto al mes más duro de la pandemia no cabe duda que fue el mes de noviembre, donde se registraron hasta 32 víctimas mortales, mientras que octubre dejó 15, enero 12, septiembre 5, diciembre 4, 6 febrero, abril 3 al igual que el presente mes de febrero y marzo 1.

Los vigilantes de seguridad exigen ser vacunados junto a policías y guardias civiles

El sector de la seguridad planta cara al Gobierno y exige ser catalogado como personal de riesgo y entrar en el ciclo de vacunación junto a sus compañeros de la Policía Nacional, Guardia Civil y diferentes policías locales y autonómicas de España.

«El personal de seguridad privada está en primera línea de fuego. Es de justicia que los hombres y mujeres que integran las diferentes plantillas de las empresas de seguridad reciban la vacuna lo antes posible».

La vicepresidenta de la Asociación de Vigilantes de Seguridad de Baleares, Inés Ybarra nos ofrece todos los detalles en la sección de seguridad privada del programa Ley y Orden.

El Gobierno vasco estudia sustituir a la Ertzaintza por vigilantes de seguridad privada en el Parlamento

 El Departamento de Seguridad, dirigido por Josu Erkoreka, trabaja de manera "embrionaria" en un plan para "mejorar la seguridad del Parlamento Vasco" que tendría como principal cambio una decisión muy simbólica: la retirada de los agentes de la Ertzaintza de la garita de acceso al edificio principal.

Según indican fuentes oficiales, "la idea es que la Ertzaintza continúe con la seguridad exterior" -es punto habitual de manifestaciones y protestas- pero que las funciones de control de entradas y salidas pasen a ser desarrolladas por quien designe la propia Cámara. Un sindicato policial, Euspel, denuncia que se "prescinda" de la Policía vasca en la sede de la soberanía popular: "Sobrepasa el límite de lo tolerable que se pretenda ser una Policía integral mientras encargan la seguridad del organismo más importante del País Vasco a una empresa privada".

Los servicios de vigilancia de edificios institucionales en Euskadi ya han sido privatizados en su mayoría. La sede central del Gobierno vasco lleva dos décadas custodiada por agentes privados e incluso la propia academia de la Ertzaintza en Arkaute ha externalizado el servicio de accesos. Solamente el Parlamento, el palacio de Ajuria Enea y la sede administrativa de Lehendakaritza mantienen una guardia con ertzainas, que además son los únicos que mantienen la txapela roja en la uniformidad.

Son agentes adscritos a un grupo especial con base en Berrozi, aunque en el caso del Parlamento existe una figura de coordinación adscrita a la Mesa de la Cámara. Actualmente el cuerpo tiene desplegados 21 agentes, que se reparten en cinco grupos de cuatro efectivos cada uno dirigidos por un agente primero. La Ertzaintza dispone en el Parlamento no solamente de la garita de acceso sino de una sala de videovigilancia interna.

La unidad ha solido realizado actuaciones dentro del edificio cuando ha habido altercados con invitados. Cuando se producen incidentes, la Brigada Móvil u otras unidades dan cobertura desde fuera. En el caso del edificio administrativo ya hay vigilantes de seguridad privada, aunque están bajo control de la autoridad pública. El Reglamento del Parlamento apenas hace una mención a la seguridad. En el artículo 113 se atribuye el control del orden de las sesiones plenarias a la presidenta y le permite llamar a "los servicios de seguridad de la Cámara", en genérico. Sin embargo, la potestad de que abran "diligencias" si se produce un delito solamente la puede ejercer un funcionario público.

En Seguridad se insiste en que "no hay nada decidido" y que toca perfilar la propuesta en busca de la "mejora de la seguridad" de un edificio crítico, como se hace en otras instituciones. Explican que se buscaría una fórmula consensuada con el propio Parlamento. "Por ahora no nos han comunicado nada. Nosotros no tenemos constancia de esto", explican, por su parte, fuentes de la Presidencia de la Cámara. Tampoco otros miembros de la Mesa conocían este asunto.

Cuatro empresas de seguridad privada sancionadas por intrusismo en Sevilla

 La Policía Nacional ha sancionado a cuatro empresas por intrusismo en el sector de la seguridad privada en las localidades sevillanas de La Rinconada y Dos Hermanas.

Según informa el cuerpo en un nota, la investigación ha concluido que las empresas implicadas, dos de ellas reincidentes, utilizaban trabajadores sin habilitación ni acreditación profesional válidas.

Los trabajadores identificados trabajaban en distintas obras en construcción, donde prestaban servicios de seguridad y protección del material y maquinaria depositados en las obras y utilizados para la construcción.

Estos trabajadores desarrollaban sus turnos de trabajo normalmente de noche, momento en el que comenzaba su jornada laboral a partir de que los obreros de la construcción abandonaban la eventual obra.

Así, se contrataba para la seguridad a personas "sin experiencia" y con unos salarios "muy bajos", que pasaban la noche vigilando las instalaciones, para prevenir robos y actos vandálicos.

Como vestimenta, utilizaban equipos de trabajo que, "en muchas ocasiones", se confundían con empresas de seguridad o uniformes de cuerpos policiales.

Las empresas denunciadas se enfrentan a sanciones comprendidas entre los 30.000 y 600.000 euros.